A falta de conocer el texto final del Real Decreto Ley que prohíbe los desahucios a familias vulnerables mientras esté en vigor el estado de alarma, desde ASVAL seguimos estando en contra de un texto que ampara la ocupación ilegal y que traerá las siguientes consecuencias:

Oleada de reclamaciones judiciales por responsabilidad patrimonial y económica del Estado. El decreto aprobado hoy abre la puerta a una oleada de reclamaciones judiciales al Gobierno por responsabilidad patrimonial, ya que se atenta contra el derecho a la propiedad privada. Además, el Estado tendrá que asumir responsabilidad penal, ya que el propietario no podrá garantizar la seguridad de los inmuebles ocupados. También se pone en riesgo la tutela judicial efectiva.

Esta litigiosidad va en contra de la seguridad jurídica y la confianza que se necesita para desarrollar el mercado del alquiler en España. Daña seriamente nuestra imagen como país ante la inversión extranjera y ante nuestros socios europeos.

Efecto llamada a la ocupación ilegal. Estas medidas incrementarán los intentos de ocupación de viviendas, tanto a pequeños como a grandes propietarios ante la expectativa de que no podrán ser desahuciados durante un periodo de tiempo. Posteriormente, a los jueces les será difícil dirimir si esa ocupación se produjo antes o después de la entrada en vigor del decreto.

Con este real decreto España se convierte en una excepción dentro de Europa, ya que es el único país que regulariza la ocupación ilegal, que es un delito según nuestro Código Civil. Este amparo de la ocupación ilegal genera preocupación en las instituciones europeas.

El sistema de compensaciones tiene que ser claro, inmediato además de acorde al daño causado. De no ser así, el Estado se enfrentará a importantes reclamaciones patrimoniales. Según lo anunciado por el Gobierno, los propietarios tardarán tres meses en ser compensados económicamente, tiempo que tendrán las CCAA para dar una vivienda social a las familias vulnerables. ASVAL considera que carece de sentido que no se compense durante este periodo de tiempo a los propietarios y que, además, éstos tengan que demostrar el perjuicio económico generado por la ocupación de la vivienda. Es evidente que existe un daño económico cuando el propietario no puede hacer uso de su vivienda y, además, tiene que seguir haciendo frente a gastos e impuestos y posibles desperfectos de la misma.

Esta ley provoca desequilibrios en el mercado y acceso a la vivienda. Los propietarios de ASVAL están a favor de dar soluciones a los inquilinos afectados por la crisis económica generada por el Covid-19. Sin embargo, por un principio de respeto a la ley, están totalmente en contra de legalizar una acción de naturaleza delictiva, como es la ocupación ilegal, que es lo que se consigue con este Decreto.

Desde ASVAL estamos a la espera de conocer los detalles del Real Decreto Ley y sus características particulares

https://www.inmodiario.com/170/29058/rdl-antidesahucios-provocara-oleada-reclamaciones-judiciales-dana-imagen-espana-ante.html

La COVID-19 ha alterado el mercado inmobiliario, aunque el sector compra ha aguantado el envite con rebajas del 10% en España. En ciudades grandes como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Málaga o Palma este descenso se ha notado menos, situándose en 5-7%. Se espera que esta ventana de oportunidad se mantenga hasta la segunda mitad de 2021.

Los compradores e inversores han conseguido rebajas en inmuebles de alrededor del 20% en viviendas principales y 30% en segundas residencias desde mayo. Por lo que respecta al mercado de oficinas y locales, también se han cerrado operaciones con bajadas del 20%.

En las grandes ciudades, la crisis y el trasvase del alquiler turístico al convencional también ha afectado al mercado del alquiler, donde los demandantes han conseguido rebajas generalizadas del 10-15%.

La crisis de la COVID-19 ha impactado a lo largo del 2020 en el mercado inmobiliario en todos sus ámbitos: venta y alquiler, ya sea de viviendas principales, como segundas residencias u oficinas y locales comerciales, provocando una rebaja de precios a final de año de alrededor del 10% en inmuebles de compra y de alquiler. Aun así, la Asociación Española de Personal Shopper Immobiliario (AEPSI) prevé que esta ventana de oportunidad se mantendrá abierta hasta la segunda mitad de 2021.

Esta tendencia en el mercado ha ido evolucionando según han avanzado las fases de desescalada. Así, en los meses más duros de confinamiento, la crisis ha impactado en el precio de la vivienda estableciendo caídas entorno a un 10% en España. En las grandes ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao, Sevilla, Málaga o Palma esta caída se ha notado menos, situándose en 5-7%. Aun así, el mercado de compra ha resistido el envite por la negativa de los vendedores a aceptar ofertas muy agresivas por parte del comprador. En palabras de Iñaki Unsain, personal shopper y presidente de AEPSI: «Esta corrección de precios ha sido menor de lo esperado dada la difícil situación macroeconómica en que nos encontramos, con un paro y descenso del PIB del 18%. Los propietarios han aguantado el pulso antes ofertas muy agresivas».

En las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga o Palma el precio del alquiler también ha experimentado un descenso como consecuencia del trasvase de viviendas de alquiler turístico al alquiler convencional y el exceso de oferta, provocando que los arrendadores hayan podido obtener rebajas del 10-15% en todos los tramos de renta. En este sentido, en el mercado de Catalunya, la nueva regulación de los alquileres ha generado mucha incertidumbre y ha provocado el deseo de muchos propietarios de sacar del mercado de larga temporada sus inmuebles. Mientras, cada vez son más exigentes con los perfiles de solvencia de los arrendatarios, por lo que hay una parte de la demanda que todavía queda más excluida de poder acceder a viviendas en alquiler.

La crisis de la COVID-19 también ha impactado en el mercado no residencial y ha provocado un cambio de tendencia. Por un lado, la consolidación del comercio electrónico, la reducción de superficie contratada y el teletrabajo han provocado oportunidades de inversión en locales y oficinas con rebajas del 20% sobre todo en segundas líneas. El sector retail, sin embargo, ha consolidado su apuesta por las flagship, aprovechando estas oportunidades de inversión en zonas prime para visibilizar su marca.

Iñaki Unsain, personal shopper y presidente de AEPSI, ha explicado: «A lo largo de esta crisis no hemos dejado de pedir medidas a las Administraciones para hacer más llevadero el efecto de la crisis: moratorias en los pagos de las hipotecas y jurisprudencia clara al respecto; condonación del pago de la seguridad social y del IRPF y medidas que faciliten el cambio de uso de local comercial a vivienda para satisfacer el acceso a la misma».

Por su parte, Montse Moreno, personal shopper y vicepresidenta de AEPSI, ha puesto en valor la figura de los PSI, afirmando que «en esta crisis, la figura del personal shopper ha sido clave, pues ha reducido en un 85% el número de visitas evitando desplazamientos y contagios, y han conseguido cerrar operaciones con rebajas del 20% en viviendas principales y del 30% en segundas residencias, como resultado de la necesidad de liquidez de una parte de la oferta».

El 2021, oportunidad de inversión y endurecimiento de condiciones hipotecarias

AEPSI prevé que el sector inmobiliario se recupere paulatinamente en la segunda parte del 2021 como consecuencia de unas mejores perspectivas de futuro, la reactivación del consumo y la comercialización de la vacuna. Por ello, el primer semestre de 2021 supondrá una ventana de oportunidad para efectuar operaciones de inversión con una rebaja del precio de inmuebles de compra alrededor del 8-10%, y del 5% en el parque de alquiler de las grandes ciudades.

Además, la reactivación del turismo reduciría la oferta de viviendas, aumentando su precio. Por ello, «aprovechar esta tendencia de mercado que mantendrá los precios a la baja al menos hasta junio de 2021 representa una oportunidad, en especial para aquellos compradores o inversores que dispongan de liquidez», ha asegurado Iñaki Unsain.

Pero desde AEPSI también prevén un posible endurecimiento de las condiciones bancarias, lo que supondría dificultades a los compradores e inversores para conseguir financiación hipotecaria. Esto consolidaría al inversor con liquidez como el perfil más aventajado y con mayores oportunidades de inversión ante la situación económica que se avecina: «La precariedad laboral y la delicada situación de las empresas harán que los bancos incrementen sus exigencias con el objetivo de exigir garantías y protegerse ante posibles brotes de insolvencia», ha advertido Unsain.

https://www.inmodiario.com/170/29066/precio-vivienda-cae-uneny-recuperacion-producira-partir-junio.html

El Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aprobado un Decreto Ley para impulsar la vivienda de alquiler en Cataluña. El Decreto regula jurídicamente una nueva tipología habitacional, la de los alojamientos con espacios comunes compartidos, y actualiza los precios de los módulos de la vivienda de protección oficial para estimular la construcción.

Este Decreto Ley da continuidad a otras medidas aprobadas este año para garantizar el derecho a la vivienda, como son lo Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda.

Estas iniciativas buscan fomentar la promoción de vivienda de protección oficial para incrementar el parque público y también la oferta general de viviendas de alquiler en precios asequibles.

La crisis económica y social que ha provocado la pandemia de la Covid 19 ha agravado todavía más el acceso a una vivienda digna y adecuada de una parte importante de la población.

En este contexto, el Gobierno apuesta para reforzar la triple estrategia de incrementar el parque de vivienda de protección oficial; facilitar el acceso a la vivienda de alquiler en todos sus niveles (social, asequible o libre), y garantizar la contención de rentas en los contratos de arrendamiento.

En esta línea, el nuevo Decreto Ley aborda tres de los elementos que pueden ayudar a remover los obstáculos y hacerlo posible, introduciendo modificaciones en el Decreto Ley de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda; a la Ley del derecho a la vivienda, y en el texto refundido de la Ley de urbanismo.

Nueva tipología habitacional

En primer lugar, regula jurídicamente una nueva tipología habitacional, los alojamientos con espacios comunes complementarios. Es una modalidad con importante demanda pero que el marco normativo vigente hasta ahora no preveía.

Estas nuevas tipologías de vivienda compartida en régimen de alquiler pueden abaratar el coste de la emancipación de los jóvenes, dar respuesta a la creciente movilidad laboral y formativa, y permitir nuevas modalidades residenciales para la gente mayor.

Las viviendas con espacios comunes se caracterizan porque, a pesar de tener una superficie del espacio privativo inferior a la fijada para el resto de tipologías de vivienda, la suma del espacio privado y la parte proporcional que le corresponde de los espacios comunes complementarios no puede ser inferior a la superficie mínima establecida a la normativa de habitabilidad.

Los espacios comunes complementarios quedan definidos como los espacios de uso compartido de un edificio, diferentes a los elementos comunes obligatorios por la normativa que complementan el uso y goce de los espacios privados.

Por otro lado, en esta nueva tipología de viviendas se prohíbe la división en propiedad horizontal, hecho que propiciará que se destinen al mercado de alquiler.

Así, el Decreto Ley establece las condiciones mínimas de habitabilidad de los espacios comunes complementarios de las viviendas y de la parte privativa de estos alojamientos hasta que se adapte a la nueva normativa el Decreto que las regulaba hasta ahora.

En cuanto a las superficies mínimas de los alojamientos, se mantienen las establecidas reglamentariamente, si bien, mediante las nuevas previsiones legales, parte de la superficie se puede destinar en espacios comunes complementarios.

Las condiciones que tienen que cumplir los espacios privados de estas viviendas con espacios comunes son:

– El espacio privativo tiene que tener una superficie útil interior mínima de 24 m2 los espacios comunes complementarios una superficie útil mínima de 6 m² por La suma de ambas superficies útiles no puede ser inferior a 36 m².

– En el caso de alojamientos dotacionales mediante una vivienda completa, la superficie útil interior no puede ser inferior a 30 m². Cuando el aposento privativo sea un único espacio, este tiene que permitir la compartimentación de una habitación de 6 m².

En cuanto a los espacios comunes complementarios, tienen que cumplir los requisitos siguientes:

– Tienen que tener una superficie superior a 6 metros cuadrados útiles y se tiene que poder inscribir un círculo de 2,45 m de diámetro, garantizar ventilación e iluminación, y la superficie mínima del conjunto de espacios que integran la zona de uso común, cuarto de estar, comedor, cocina no puede ser inferior a 4 metros cuadrados por persona.

Este nuevo tipo de vivienda puede construirse en suelo destinado por el planeamiento urbanístico a usos de vivienda. Por este motivo, se modifica la Ley de urbanismo para facilitar las condiciones urbanísticas para su implantación, equiparándolos a las viviendas de protección pública.

Actualización de los precios de VPO

El texto también actualiza los precios de venta y las rentas máximas de las viviendas con protección oficial no regidos por el sistema de determinación de precios y rentas establecido por el Decreto Ley 17/2019, para garantizar la viabilidad y facilitar la construcción.

La voluntad del Gobierno es propiciar el desarrollo de muchas de las promociones de vivienda con protección oficial que, con los actuales precios de alquiler y venta, vigentes desde el 2008, resultan inviables. Hay que tener en cuenta que el incremento de coste de construcción que se ha producido entre el 2008 y el 2020 ha estado del 19,84%.

Así, se regulan los precios de venta y las rentas máximas que regirán para las viviendas con protección oficial de régimen general y especial que se califiquen a partir de la entrada en vigor del Decreto Ley y que estén sujetos al sistema de determinación de precios de venta y de rentas máximas establecido por el régimen anterior.

https://www.inmodiario.com/203/29053/cataluna-impulsa-alquiler-jovenes-pisos-dem-espacios-compartidos.html

La Asociación Española del Aluminio (AEA) reclama un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) «verde» -más bajo- para quienes realicen obras que mejoren la eficiencia energética de inmuebles y construcciones. La Asociación también propone que el IVA «verde» beneficie a aquellos que utilicen soluciones reciclables, poco nocivas para el medio ambiente o que sean ignífugas. Así, la AEA se suma al llamamiento de Asefave a las Administraciones Públicas e instituciones para adoptar medidas que impulsen la reforma y la rehabilitación. Fundamental en el proceso de recuperación económica para del sector de la construcción serán las obras de rehabilitación y reforma sobre el parque inmobiliario de nuestro país. Desde la AEA –la Asociación Española del Aluminio, que representa a más de 600 empresas del sector– se aboga por que estos trabajos sean tomados, además, como oportunidad para mejorar la eficiencia energética de las construcciones y para emplear sistemas y materiales con un bajo impacto medioambiental. En torno al 47% de la energía producida a nivel mundial es consumida por edificios y construcciones. Por ello, estimular la rehabilitación debe ser un aspecto clave en el camino en la búsqueda del ahorro energético y en el objetivo de reducir los gases de efecto invernadero. Si bien se están adoptando medidas desde Administraciones Públicas como el impulso de planes renovó para la rehabilitación en varias provincias y ayuntamientos, desde las industrias del sector se plantean otra serie de medidas que favorecerían tanto al sector, como al usuario, a las Administraciones Públicas y, como no puede ser de otro modo en un momento tan crucial para el planeta y los recursos como este, al medio ambiente. Por ello la Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas (Asefave) lleva desde el pasado mes de julio reuniéndose con representantes de diferentes Administraciones Públicas e instituciones presentando sus propuestas para estimular las obras de rehabilitación en nuestro país, entre ellas la de un Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) «verde». Este IVA «verde» estaría ligado a la sustitución de ventanas, protecciones solares y cerramientos en los hogares españoles por otros energéticamente más eficientes, algo clave para alcanzar los objetivos de ahorro energético y de reducción de gases de efecto invernadero. La AEA se suma a esta propuesta de Asefave. En palabras del Secretario General de la AEA, Jon de Olabarria, esta iniciativa es «necesaria», si bien proponen que este IVA «verde» se base «en un compendio de varios conceptos». El presidente de la AEA, Armando Mateos, ha propuesto que, para que la salvaguarda del medio ambiente sea lo mayor posible, se sumen otra serie de condicionantes que lleven a la aplicación de este IVA «verde», además de la transmitancia térmica que propone Asefave:1. Reciclabilidad de los productos y soluciones escogidos, y que se valoren especialmente aquellos que no pierdan propiedades en sus sucesivas reconversiones, y cuyos procesos de reciclaje sean poco nocivos para el medio ambiente.2. Baja peligrosidad de los aditivos o componentes químicos que integran el producto.3. Cantidad de años que tardan en degradarse como residuo e incidencia en la cadena trófica.4. Ignifugidad y resistencia al fuego, que no deja de ser otro factor de sostenibilidad. La AEA propone ponderar cada uno de estos vectores, de forma que se obtenga una cifra mayor o menor siguiendo una serie de coeficientes y puntuaciones de sostenibilidad proporcionales. Así lo ha dicho Armando Mateos, señalando que «podría ser un IVA escalonado, donde se aplicara un menor porcentaje a los productos más sostenibles. A los productos con una calificación entre el 8,5 y el 10 (siendo 10 el producto perfecto), se le podría aplicar un IVA del 3%; a los que tuvieran una puntuación entre el 7 y el 8,5, un IVA del 9%, y así sucesivamente. Es decir, se trataría de una tabla progresiva. Así se favorecerían no solo las rehabilitaciones, sino que estas buscaran un resultado fuera lo más sostenible y respetuoso posible con el medio ambiente».» Debemos pensar en iniciativas que ayuden a mejorar la economía del consumidor del futuro. Un consumidor que estará cada vez mejor informado y que también buscará soluciones que reduzcan el consumo energético y su impacto medioambiental, al tiempo que aumenten el confort de su vivienda», ha dicho Jon de Olabarria. «Para lograrlo hace falta más que prestaciones térmicas. Sin duda esto es muy importante, pero lo único que debe prevalecer no debe ser el ahorro energético, sino también la implantación de un modelo de Economía Circular y de salvaguarda medioambiental», ha añadido. Acerca del aluminio, señala Mateos, «facilita la adaptación del sector de la construcción a la estrategia de sostenibilidad económica, energética y medioambiental necesaria en un momento tan crucial como el actual para el sector de la reforma y la rehabilitación, cuya buena praxis tendría un efecto directo en la salvaguarda del medio ambiente. El aluminio contribuye a crear edificios eficientes energéticamente, confortables, con el menor impacto ambiental posible, y cuyos componentes puedan reciclarse o reutilizarse. Algo que debe revertir positivamente en aquellos que hagan estos trabajos, o animar a otros, no solo por la mejora de parque inmobiliario de nuestro país, sino por la salvaguarda del medio ambiente». Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie (AEA).

La AEA es una asociación sin ánimo de lucro que desempeña la adecuada representación de la industria española del aluminio -desde empresas de extrusión, hasta de tratamientos de superficies y distribución- y que vela por la defensa de sus intereses globales. La Asociación representa a unas 650 empresas que dan empleo a más de 8.000 trabajadores de forma directa. La AEA trabaja para dejar claro el compromiso de esta industria con la calidad, promoviendo la implantación en España de las más exigentes marcas de calidad europeas, el conocimiento en nuestro país de las ventajas que supone la utilización de productos de aluminio y el desarrollo industrial sostenible en sus distintos aspectos: medioambiental, económico y social.Por ello, la AEA representa y gestiona diversas Marcas y Sellos de Calidad relacionados con el tratamiento de superficies como Licenciataria General para España de las Marcas de Calidad internacionales QUALANOD, QUALICOAT, QUALIDECO y QUALISTEELCOAT y proporciona a sus asociados las tareas de supervisión y gestión de todos los aspectos relacionados con ellas.

Asimismo, la Asociación participa en varios Comités de AENOR relacionados con la normalización y certificación en España; forma parte de CONFEMETAL, ATESMEL y el Green Building Council España y, a nivel internacional, es miembro de la European Association for Surface Treatment on Aluminium (ESTAL).

https://www.inmodiario.com/176/28831/iva-verde-impulsar-sector-rehabilitacion.html

05-04-2019 – Impuestos –

Hacienda ha reforzado el control sobre los contribuyentes que perciben rendimientos de arrendar un inmueble, especialmente los turísticos. Plataformas como Airbnb, HomeAway o Booking deben informar desde el 1 de enero al sco sobre las transacciones de sus antriones.

Los expertos de DAS Seguros advierten de las severas sanciones que impone la AEAT por incumplir esta obligación tributaria.

La campaña de la Renta 2018 ha comenzado esta semana y los más de 20 millones de españoles contribuyentes han empezando a hacer números para saber cuánto les tocará este año abonar al sco o si, dado el caso, tienen derecho a devolución. Una de las novedades de esta campaña del IRPF es que Hacienda ha reforzado el control sobre los propietarios de pisos en alquiler y, especialmente, sobre los que obtienen rentas de arrendar un inmueble a turistas.

Y es que en esta campaña la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ha triplicado en relación al año pasado -hasta llegar a 700.000- los avisos a propietarios de pisos para informarles que Hacienda sabe que obtienen rentas por un alquiler y que es su obligación tributar por dichos ingresos.

Las advertencias se han reforzado este año después que los técnicos del Ministerio hayan alertado reiteradamente del fraude scal que se produce en España en relación con los alquileres, especialmente los turísticos, y que debería tributarse a través del Impuesto sobre la Renta (en el caso de particulares) o de Sociedades (en el caso de empresas).

El aviso hace hincapié en la obligación de tributar por los ingresos generados por el alquiler de pisos turísticos, una vez que plataformas como Airbnb, HomeAway, Booking, Wimdu o Niumb tienen la obligación, desde el pasado 1 de enero, de transmitir directamente a Hacienda la información sobre reservas y transacciones entre inquilinos y antriones de estos inmuebles. Sanciones: importes omitidos más recargos de hasta el 150% del rendimiento del alquiler Los expertos de DAS Seguros recuerdan a los contribuyentes que tienen la obligación de tributar por todos sus ingresos tal como marca la ley, también por las rentas de alquileres, incluyendo los turísticos. Asimismo, advierten que «no declarar correctamente los ingresos por alquileres puede derivar en sanciones realmente graves».

En primer lugar, solo los contribuyentes que declaren tener una vivienda en alquiler en su autoliquidación del IRPF pueden acojerse a la reducción del 60%. Si esto no se declara de inicio y Hacienda lo detecta, se deberá tributar por el 100% del rendimiento del alquiler. Los apartamentos turísticos no gozan de esta reducción y tributan por la totalidad del importe del alquiler.

Adicionalmente, si la AEAT detecta que la declaración no se ha producido o se ha hecho de forma irregular, se aplicará una sanción consistente en el abono de los rendimientos no declarados anteriormente, además de un recargo de entre el 50% y el 150% del importe escondido al sco, en función de si la falta ha sido leve, grave o muy grave.

origen: https://www.inmodiario.com/150/27431/propietarios-pisos-turisticos-deben-declarar-alquileres-iprf.html